El Ministerio Público de los EAU ha querido recordar recientemente el Artículo 9 del Decreto-Ley Federal No. 34 de 2021 destinado a Combatir los Delitos y Rumores Electrónicos. Es la denominada Ley de Delitos Cibernéticos que estipula las sanciones a las que se enfrenta una persona si obtiene una contraseña o código de acceso sin permiso.
Esta ley abunda en el derecho a la intimidad de las personas que viven en Emiratos Árabes, incluyendo su móvil.
Según la ley, una persona puede enfrentar una multa pecuniaria de entre 50.000 y 100.000 dirhams por acceder a cualquier sistema de información utilizando una contraseña que obtuvo sin permiso. La acción se considerará delito agravado si la contraseña se obtuvo de forma no autorizada con la intención de cometer un delito.
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— النيابة العامة (@UAE_PP) June 14, 2022
¿Qué dice la ley?
El artículo 9 del Decreto-Ley Federal No. 32 de 2021 establece: “Será condenado a prisión y/o multado con una sanción monetaria y no más de Dh100,000 y no menos de Dh50,000 quien obtenga, sin un permiso o consentimiento de al interesado, un número secreto, un código de acceso, una contraseña o similar en relación con un sitio web, un sistema de información electrónico, una red de datos o un medio de tecnología de la información.
“La sanción será de prisión por una duración de no menos de seis meses y/o una sanción monetaria de no menos de 300.000 dirhams y no más de 500.000 dirhams si el que obtuvo el número secreto, código de acceso, contraseña o similar sin el permiso o consentimiento del titular, obtuvo acceso o permitió que otra persona obtuviera acceso al sitio web, al sistema electrónico de información, a la red de datos o a los medios de tecnología de la información, con el propósito de cometer un delito”.
Una ley que aplica al entorno familiar
La Ley de Delitos Cibernéticos no aplica exclusivamente al entorno empresarial, como podría pensarse inicialmente, sino también a amigos y familias.
Y no sólo a un móvil. Cuando se trata de un “sitio web”, el término puede incluir sitios web en línea, sitios web de redes sociales, redes y plataformas en línea, cuentas personales, blogs y servicios electrónicos.
Este delito incluirá [acciones como] piratear un sitio web o destruir datos electrónicos o personales o acceder a información oculta sin el consentimiento de la persona en cuestión.
Incluso si conoce la contraseña, necesita obtener el consentimiento expreso
La ley específica la necesidad de que el propietario de la cuenta digital o el dispositivo móvil brinde permiso de forma expresa. No hacerlo también puede tener implicaciones a nivel personal.
Una persona puede ser procesada si usa la contraseña de alguien sin su permiso expreso. Por lo tanto, una persona no autorizada no puede acceder a la red de otra persona, incluso si conoce el código de acceso o la contraseña. Si él o ella utiliza la contraseña sin un permiso válido, el infractor puede ser procesado bajo la ley de seguridad cibernética y otras leyes penales, dependiendo de la acción de la persona que usa la contraseña.
Incluso una esposa o un esposo no pueden utilizar las contraseñas de sus dispositivos electrónicos (móvil) de los demás sin permiso. El objetivo de este artículo es proteger la privacidad de una persona, prevenir el fraude informático y detener el acceso no autorizado a las redes electrónicas.
Sistema de vigilancia privado
La policía de Ajman lanzó una campaña de concientización llamada ‘Los ojos de los hogares’ para educar al público sobre la importancia de las cámaras de seguridad en el hogar y mantener la confidencialidad de las imágenes.
Recuerdan que la ley prohíbe publicar cualquier cosa que afecte la seguridad, provoque intimidación o afecte la privacidad de las personas y lo publique por cualquier medio. “Las cámaras domésticas se instalaron para mejorar la seguridad y proteger a la familia, no para su publicación”, han recordado.
En caso de que se observe alguna actividad sospechosa a través de las cámaras de vigilancia, se debe informar de inmediato a las autoridades de seguridad pertinentes, pero no hacer públicas estas imágenes.
La publicación de cualquier material filmado a través de cámaras de vigilancia en cualquier medio de las redes sociales expone a su editor a la responsabilidad legal, y señaló que la publicación puede desestabilizar la seguridad y afectar el trabajo de la policía.
